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Esta medida obligaría a los camiones a circular por las autopistas de peajes y recibirían a cambio una bonificación.

Los transportistas se oponen al uso obligatorio ya que “atenta” contra la libre circulación. El Gobierno podrá prohibir a los camiones y otros vehículos pesados circular por las carreteras nacionales y obligarles a desviar sus trayectos por autopistas, si bien contarán con un descuento en los importes de los peajes.

Así se incluye en uno de los puntos de la reforma de la Ley de Carreteras aprobada por Real Decreto Ley, De esta forma, Fomento da cobertura legal a una iniciativa que ya ha implementado puntualmente en algunos tramos de vías, si bien hasta el momento era fruto de acuerdos con las comunidades autónomos correspondientes y los transportistas.

A partir de ahora, el Ministerio tendrá capacidad de hacerlo por ley. No obstante, establece que para ello deberán concurrir razones de «seguridad vial o medioambientales».

Además, se indica que cada eventual prohibición y desviación hacia las autopistas de los camioneros deberá desarrollarse «mediante convenios o reales decretos» y «se acompañará de las correspondientes bonificaciones a los transportistas».

«Se trata de regular una práctica que se ha venido realizando en algunas carreteras con buenos resultados para la seguridad vial y que está siendo demandada en algunos territorios», ha dicho el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

 Los transportistas de mercancías por carretera han venido defendiendo esta medida, si bien manteniendo que el desvío desde la carretera a la autopista con su correspondiente descuento tenga carácter voluntario.

Sin embargo, debido a la obligatoriedad de esta iniciativa, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha rechazado su puesta en marcha ya que «atenta» contra la libre circulación y genera «graves» y «costosos» problemas para el sector.

En este sentido, la patronal insiste en que este tipo de medidas supone un aumento innecesario de los kilómetros recorridos e importantes pérdidas de tiempo derivadas de las complicaciones que conlleva acceder o abandonar las vías de peaje.

Asimismo, señala la imposibilidad de acceder a las áreas de servicio situadas en las carreteras convencionales, tanto para repostar y realizar el mantenimiento de vehículos como para descansar. Según la CETM, ello priva a los conductores de servicios básicos debido al «insuficiente» número de áreas de descanso existentes en las autopistas de peaje.

 

 

 

Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20181108/gobierno-abre-puerta-prohibir-camiones-circulen-determinadas-carreteras-nacionales/1834860.shtml

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General, Noticia

Los transportistas celebran la decisión de Fomento de liberar de pago las autopistas según se les acabe la concesión. 




El gobierno ha decidido eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vayan venciendo, lo que ha provocado distintas reacciones entre los sectores afectados. Seopan, la patronal de constructoras y concesionarias no se ha querido posicionar directamente y se remite a la estimación que hizo en abril de que la supresión de los peajes tendría un coste de 450 millones anuales para las arcas públicas, solo para los tramos cuya concesión expira en el futuro inmediato. Por otro lado, celebra la decisión el sector del transporte, para el que supone un ahorro de hasta 1.900 euros anuales de media por vehículo.  

Según Ceopan, la liberalización de peajes al terminar las concesiones y revertir las autopistas de pago a la red pública tendría un coste de 450 millones de euros anuales para el Estado si tenemos en cuenta solo las vías cuyas concesiones terminan entre este año y 2021, si tenemos en cuenta los 2.550 km de redes del país el importe asciende hasta los 1.000 millones. 

La decisión del Ministerio de Fomento afecta de momento a tres vías, las que vencen este año y el que viene, la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona. No obstante, puede servir como antecedente para las tres que terminan su concesión en 2021, el tramo de la AP-7 que une Barcelona, con la Jonquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. 

El sector del transporte por carretera, valora muy positivamente el anuncio de la eliminación de los peajes. Juan José Gil, secretario de Fenadismer, que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte, ha celebrado la noticia como «muy importante y muy positiva» para el colectivo de transportistas, tanto por razones económicas como de tráfico y «seguridad». Gil ha destacado que, de media, cada camión pesado pago unos 1.900 euros anualmente en peajes, también ha subrayado que abrir las autopistas supondrá una alternativa a los transportistas que, para evitar peajes, eligen carreteras nacionales. «Se nos acusa de congestionar nacionales, por lo que sin peajes, tanto los camioneros como los coches podrán elegir», aliviando el tráfico en las carreteras secundarias. Finalmente, celebra la noticia por «motivos de seguridad y no tanto de velocidad», al abrir a los transportistas vías más cómodas y seguras. 

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General

 

Uno de los objetivos de José Luís Ábalos, nuevo ministro de fomento es transformar más de 1.000 km de autopistas de pago en autopistas gratuistas. La primera decisión afecta a la AP-1, entre Burgo y Armiñón. 

Se suma a ella la AP-7, entre Alicante y Tarragona, la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, la AP-2, entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, que terminan el 31 de agosto de 2021. 

Por su parte, los grupos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura, esperan que el nuevo Gobierno cumpla las promesas de liberar del peaje a estas vías. Los grupos independentistas catalanes consideran que ya se han pagado las inversiones realizadas en la AP-7 y definen como agravio comparativo la situación actual de Cataluña a otras comunidades que cuentan con autovías gratuitas. 

Por otro lado, los gobiernos autonómicos de Susana Díaz o del de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, y el de Franco Lambán en Aragón, también reclaman la gratuidad de las autopistas en sus respectivos territorios. 

Con todo, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan ha pedido al Ministerio de Fomento que se mantenga el peaje ya que su liberalización “provocaría un caos”, al dispararse el tráfico de camiones hasta los 8.000 diarios. 

“Sería inasumible mantener un mínimo de nivel de servicio en la autopista”, explica Julián Nú.ñez, presidente de la patronal. 

Según Seopan, el mantenimiento del peaje puede ahorrar a los contribuyentes unos 300 millones de euros, ya que la autopista tiene pendientes inversiones para implantar el tercer carril en toda la infraestructura. 

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