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La patronal del transporte ASTIC señala la incoherencia del gobierno francés que se erigió en la defensa del transporte por carretera promoviendo la “Alianza por carretera” y que ahora, bajo el pretexto de que los transportistas por carretera no cubren sus costes externos, están preparando nuevas cargas fiscales y tasas por uso con el suspuesto fin de mejorar la financiación de las infraestructuras de dicho país.

La ministra de transportes, Elisabeth Born, en un reciente encuentro con las asociaciones de transporte por carretera de Francia confirmó que prepara esas dos nuevas iniciativas recaudatorias. Medidas que afectarían a todos los transportistas y no únicamente a los extranjeros como al inicio de las negociaciones.

La Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) tilda estos nuevos impuestos de “injustos e incoherentes”  ya que, según las declaraciones de su Director General, Ramón Valdivia , “es injusto hacernos pagar más aún está demostrado que los usuarios de la carretera sólo por la vía de los impuestos sobre los hidrocarburos cubren con mucho margen los costes externos derivados de su actividad. Ya pagamos en exceso y aún más en un país como Francia donde es prácticamente impensable para nuestros camiones escapar a los peajes de su red de carreteras que además están entre los más caros de Europa”.

Además recuerda que “durante meses desde París,  se ha solicitado la adhesión de España a la “Alianza por Carretera”, promovida por el Ejecutivo galo,  con el supuesto fin de proteger y potenciar este modo de transporte en los países más desarrollados de la UE y ahora nos encontramos, de nuevo con medidas unilaterales que no tienen en cuenta al resto de socios de la UE,  en especial a nosotros que obligatoriamente hemos de atravesar su territorio para la inmensa mayoría de las operaciones de transporte internacional que realizamos”.

La propuesta de gravámenes se establece, en primer lugar, vía reducción de  la figura del “gasóleo profesional” un incremento de 6 céntimos por litro en la carga fiscal de hidrocarburos, aumentando así la recaudación efectiva de las arcas públicas francesas a costa de los transportistas que transitan por este país. En segundo lugar, se pretende articular el establecimiento de una tasa anual por uso de infraestructuras de 430 euros para vehículos de hasta tres ejes y de 1.200 euros para vehículos de 4 o más ejes. Dicha tasa, conocida en el sector como “Euroviñeta” se aplicaría, claro está, tanto a vehículos matriculados en Francia como en el extranjero.

ASTIC solicita su no entrada en vigor, ya que el sector del transporte en su conjunto ya aporta, mediante el impuesto de hidrocarburos francés, mas de 30.000 millones de euros a las arcas galas, a lo que hay que añadir, por ejemplo, la recaudación de los peajes de las autopistas francesas que para un camión español de transporte internacional supera los 5.000 euros anuales.

 





Fuente: https://www.solocamion.es/astic-senala-el-cinismo-del-gobierno-de-francia-por-nuevas-tasas/

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El Ministerio de Transporte francés ha derogado la tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado en su territorio.



La conocida como “Ley Macron”, establece que los trabajadores que se desplacen al país galo para realizar transporte de cabotaje deberán llevar una documentación que acredite que percibe el salario mínimo francés.

 

La documentación se consigue mediante una declaración de desplazamiento que se tramita por vía electrónica, en la que figuran los datos de la empresa transportista, del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de trabajo.

 

La tasa tenía el fin de compensar los costes de la puesta en marcha y del funcionamiento del sistema informático para controlar el número de trabajadores desplazados.

 

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, había denunciado ante la Comisión Europea la decisión del gobierno francés de imponer a los propios trabajadores los costes de esta normativa, alegando que esta imposición vulneraba la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores.La Federación alegó que dicha medida iba en contra de los principios fundamentales de libre circulación de personas y mercancías establecidos en el Tratado de la Unión Europea.

 

El pasado 9 de febrero, Francia dictó por medio del Decreto de 2018-82 la derogación definitiva de esta tasa, al considerar que “su imposición no está justificada” y se considera “una medida proteccionista” incompatible con la legislación europea, según explica el decreto.

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