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El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles por 373 votos a favor, 285 en contra y 16 abstenciones, un notable recorte a la contaminación de la que son responsables los camiones, que deberán disminuir sus emisiones de CO₂ un 20% en 2025, y un 35% en 2030 en relación con el nivel de 2019.

La medida supone un paso adelante para que por primera vez la Unión Europea ponga coto a las emisiones de los camiones, hasta ahora exentos de una normativa que le impusiera fronteras. Para su aprobación definitiva, las reglas deberán ser discutidas por los Estados miembros y volver a ser votadas por la Eurocámara.

Los camiones representan solo un 5% de los vehículos que circulan en las carreteras europeas, pero son responsables de un 22% del total de emisiones procedentes de este tipo de transporte. La nueva norma pretende acortar en parte ese abismo eliminando del aire que respiran los europeos una buena ración de partículas contaminantes. Bruselas habla de una reducción de emisiones de dióxido de carbono de 54 millones de toneladas entre 2020 y 2030, el equivalente a todas las que lanza en un año Suecia, un país de 10 millones de habitantes.

La Comisión Europea propuso en mayo unos umbrales del 15 y el 30% para 2025 y 2030 respectivamente, que ahora la Eurocámara ha endurecido. Bruselas ha insistido en que el cambio será beneficioso, no solo en la vertiente ambiental, sino también para las empresas de transporte, muchas de ellas pymes, dado que gastarán alrededor de 5.000 euros menos al año en combustible, un apartado que supone el 30% de su factura.

La industria automovilística no lo ve claro. No niega que hay una transformación en marcha, pero pelea para que el listón no quede tan arriba. «Aumentar los objetivos eleva los riesgos dado que la regulación va más allá de lo técnicamente viable en este segmento de vehículos», dice Sigrid de Vries, secretaria general de la CLEPA, la patronal europea de proveedores de la automoción. Su oferta ha quedado a años luz de la decisión de los eurodiputados. Los fabricantes eran partidarios de una caída de emisiones del 7% en 2025 y del 16% en 2030. 

La ACEA, la organización que incluye a los siete mayores fabricantes europeos de camiones DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volkswagen y Volvo, ha mostrado su preocupación por lo que estima, un salto demasiado ambicioso. La entidad ya consideraba las cifras de la Comisión Europea difíciles de implementar, por lo que ha calificado las nuevas cotas de «excesivamente agresivas». La asociación teme sus efectos para la competitividad, y confía en que los países miembros retoquen esos objetivos a la baja. «Los eurodiputados parecen estar ignorando descaradamente el hecho de que el potencial de electrificación de la flota de camiones es mucho menor que la de los automóviles, debido a problemas como los costes iniciales extremadamente altos, las limitaciones de autonomía, la infraestructura insuficiente, en particular a lo largo de las autopistas, y también los clientes reacios», ha criticado su secretario general, Erik Jonnaert.

El 20 de diciembre, los ministros de Medio Ambiente de la UE se verán las caras y abordarán la cuestión. La destrucción de empleo en el sector está entre los temores que subyacen en los países con una industria automovilística más poderosa, como Alemania. Más aún después de que su economía presentara el pasado trimestre síntomas de debilidad con una caída del PIB de dos décimas alentada por el pinchazo de las exportaciones de vehículos. Está por ver hasta qué punto la acción de los lobbies de la industria y la opinión de los países más afectados por la norma pueden alterar los objetivos finales de emisiones. El texto aprobado este martes contempla una revisión en 2022.