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Fomento prevé gastar hasta 41 millones de euros en peajes para camiones.
El consejo de ministros aprobó el decreto ley que veta el tráfico de vehículos pesados por ambas carreteras, auténticos puntos negros de la red viaria catalana, y establecerá su obligada circulación por las autopistas AP-7 y AP-2. La medida, se había atascado en la administración debido a la duda sobre la bonificación que tendrán los camiones cuando lleguen a los peajes.
El gobierno ya ha instalado la señalización que avisa del desvío obligatorio por la autopista de los camiones de cuatro ejes o superiores. Fomento defiende la medida alegando que busca mejorar la “funcionalidad y seguridad” del corredor viario vertebrado por la N-340 y la AP-7, entre Peñíscola y l’Hospitalet de l’Infant, así como el tramo comprendido entre Altafulla y Vilafranca del Penedès. Respecto a la N-240, el tramo vetado para camiones va desde Les Borges Blanques a Montblanc.
Esta medida copia el remedio que se aplicó, en 2013, en la carretera N-II a su paso por Girona. Sacar a los camiones de gran tonelaje de la N-II y forzarlos a circular por la autopista ha reducido la mortalidad un 60%. Fomento apunta a copiar el modelo en la N-340 y en la N-240, supondrá “una importante mejora de la seguridad vial”.
Hasta el fin de la concesión que tiene el Grupo Albertis sobre ambas vías de peaje (31 diciembre de 2019 la AP-7 y 31 de agosto de 2021 la AP-2), a los camiones se les aplicará un sistema de descuentos que oscilará entre el 42% y el 50% de la tarifa estándar, en función del kilometraje de los trayectos. De hecho, no solo los camiones se benefician de la rebaja de tarifas, ya que también se prevé una bonificación total del peaje a los turismo que hagan el trayecto de ida y vuelta en un solo día, dentro del tramo comprendido entre Alcanar y Vilafranca. Será necesario que los conductores cuenten con un sistema de Telepago para beneficiarse del descuento.
El gobierno asume el coste de la compensación a la concesionaria por la rebaja del peaje y ha calculado que la medida le supondrá un gasto máximo de 41 millones de euros hasta 2021.
Fuente:https://elpais.com/ccaa/2018/08/29/catalunya/1535563762_583511.html
