La conocida como “Ley Macron”, establece que los trabajadores que se desplacen al país galo para realizar transporte de cabotaje deberán llevar una documentación que acredite que percibe el salario mínimo francés.
La documentación se consigue mediante una declaración de desplazamiento que se tramita por vía electrónica, en la que figuran los datos de la empresa transportista, del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de trabajo.
La tasa tenía el fin de compensar los costes de la puesta en marcha y del funcionamiento del sistema informático para controlar el número de trabajadores desplazados.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, había denunciado ante la Comisión Europea la decisión del gobierno francés de imponer a los propios trabajadores los costes de esta normativa, alegando que esta imposición vulneraba la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores.La Federación alegó que dicha medida iba en contra de los principios fundamentales de libre circulación de personas y mercancías establecidos en el Tratado de la Unión Europea.
El pasado 9 de febrero, Francia dictó por medio del Decreto de 2018-82 la derogación definitiva de esta tasa, al considerar que “su imposición no está justificada” y se considera “una medida proteccionista” incompatible con la legislación europea, según explica el decreto.
