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La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) presentará en las próximas semanas unas 6.000 demandas contra los seis fabricantes acusados por Bruselas de fijar los precios de estos vehículos durante catorce años.
Hace algo más de veinte años, en enero de 1997, Bruselas fue testigo de una reunión entre seis de los mayores fabricantes de camiones de Europa (Daf, Iveco, MAN, Mercedes, Renault y Volvo). Según anunció la Comisión Europea hace poco más de un año, este fue el inicio de un cártel que duraría más de diez años y por el cual seis empresas controlaron los precios y las nuevas tecnologías que llegaban al mercado.
Bruselas decidió sancionar este acuerdo con una multa de 2.930 millones de euros, la mayor multa impuesta a un cártel. Pero todo apunta a que esta no será la única cantidad que deberán abonar las empresas, sino que también deberán hacer frente a la gran cantidad de demandas que les están llegando.
Las primeras sentencias en España llegarán este año, los transportistas españoles que hayan sido perjudicados tienen un plazo de reclamación de cinco años. Se estima que la devolución por camión se situará entre los 13.000 y 16.000 euros. Los transportistas españoles que compraran un camión Mercedes-Benz (Daimler), Renault, Volvo, Scania, Daf o MAN entre 1997 y 2011 dispondrán de un plazo de cinco años para presentar la documentación que certifique la compra del vehículo. Se estima que las demandas supondrán un coste de 400 millones para las empresas.
En Alemania, el sobrecoste de los camiones se situó entre 70.000 y 75.000 euros, lo que supone un incremento sobre su precio original de un 12,5%, una variación similar a la que se podría dar en España.
No solo ha incumplido las normas Europeas, sino la misma constitución Española en materia de libre mercado.
Según informó la comisión europea de Competencia, Scania era la responsable de organizar las reuniones. La primera reunión para fijar los precios tuvo lugar en enero de 1997 en Bruselas, y a partir de ahí las seis marcas mantenían reuniones frecuentes.
El cártel establecía los precios básicos de fábrica de sus camiones medianos y pesados según el país de venta, y como se ha vuelto habitual, alteraban el control de emisiones contaminantes.
Aclarar que los concesionarios han sido declarados exentos de toda responsabilidad y culpa ante estos sucesos.
